La entrada en vigor, el pasado 30 de septiembre, de la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), supone un punto y seguido en la disputa por el negocio del transporte de viajeros en vehículos turismo, en España.
Las autorizaciones VTC pasan a realizar servicios de carácter interurbano, exclusivamente.
Los servicios deberán iniciarse en la comunidad autónoma donde se le fue otorgada la autorización. Con la excepción de puertos y aeropuertos, siempre que el destino sea la comunidad autónoma sede de la autorización. También en aquellas situaciones puntuales, que debido a la demanda se necesite un mayor número de vehículos en las ciudades.
Con esta modificación se pretende adecuar la oferta a la demanda existente en cada momento, diferenciar las competencias de taxis y VTC, cumplir la proporcionalidad 1/30 y que todo ello tenga una repercusión medioambiental positiva en las ciudades.
Se traslada a las administraciones autonómicas la competencia de las VTC, que podrán establecer las condiciones del servicio. Por ejemplo, la contratación, captación de clientes, recorridos, horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
Se establece un periodo transitorio de 4 años, en el que las VTC podrán ofrecer sus servicios en núcleos urbanos. Eso sí, siempre que cumplan los requisitos establecidos por su comunidad autónoma, así como las normativas locales, en materia de tráfico, protección del medio ambiente y contaminación atmosférica.
El nuevo reglamento estará acompañado por una actualización del régimen sancionador de la LOTT. Éste dotará a las administraciones regionales y ayuntamientos de una herramienta ejecutiva para la aplicación de sanciones a quienes lo incumplan.
Aparentemente no.
El sector del taxi está a favor de la nueva legislación, aunque le parece excesivo el periodo transitorio de 4 años. Su exigencia era de un máximo de 3 años.
En el lado opuesto, el sector de las VTC, representado por Unauto, ha manifestado que la nueva solución contraviene derechos adquiridos mediante sentencias en los tribunales. Y advierte que se perderán puestos de trabajo, así como un servicio de calidad avalado por los clientes.
Por último, queda en el aire un asunto transcendental y que originará un nuevo debate a medio plazo. Me refiero a la expropiación de licencias, una vez finalizado el periodo transitorio. A día de hoy, pese a que la mayoría de los grandes núcleos urbanos tienen congelada su concesión, se siguen otorgando aquellas que ya estaban concedidas con anterioridad. Por tanto, el número de licencias sigue aumentando y es previsible que sea excesivo transcurridos los 4 años. La eliminación de dichas autorizaciones supondrá un gasto público millonario en indemnizaciones a sus propietarios.
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